Por Luciana Panizza | @LucianaPanizza1
Luego de diez meses de debate, parece que los reclamos en el seno de los Institutos de Formación Docente (IFD) frente a la propuesta del gobierno porteño de crear una nueva “Universidad de Formación Docente de la Ciudad” llegaron a buen puerto: por ahora, si bien se creará dicha Universidad, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no cerrará los centros de formación terciarios, sino que iniciará un “proceso evaluatorio” en ellos.
A finales del año pasado, el gobierno porteño presentó un proyecto de ley con el fin de impulsar la formación de docentes en la Ciudad de Buenos Aires, ya que, según datos de los Ministerios de Educación Nacional y de CABA, de los 607.553 alumnos inscriptos en profesorados en 2015, solo 42.793 lo estaban en la Ciudad. El proyecto, que recibió el nombre de UniCABA, tenía por objetivo reemplazar 29 profesorados públicos por una Universidad distrital con un reglamento interno y un rectorado elegido y manejado por el poder Ejecutivo de la Ciudad. Pero lo más importante del proyecto está en relación con el título que otorgaría a sus egresados luego de carreras de cuatro años de duración: uno jurisdiccional, es decir sin validación nacional.
Damián estudia Profesorado de Historia en el Instituto de Enseñanza Superior nº1 Alicia Moreau de Justo, ubicado en la avenida Córdoba al 2000, y afirma que la creación de UniCABA tomó por sorpresa a todos los miembros de su institución, que no ven la medida con buenos ojos. “El proyecto atenta contra la educación pública y la soberanía de cada establecimiento. Perjudica a los miles de alumnos y docentes que estudian o trabajan en los profesorados y se nota que está ideado, escrito e impulsado por gente que no pisó un establecimiento educativo jamás. Es una verdadera locura”, opina.
Además, Damián señala que dentro de los Institutos de Formación Docente existe mucha desinformación al respecto. Cuando se anunció el proyecto de ley, los rectorados tuvieron que interiorizarse en el tema ellos mismos, ya que no habían sido notificados de nada, ni tampoco se quiso hacerlos partícipes de la toma de decisiones, norma estipulada en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad. De hecho, en abril último, miembros del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE) elevaron un pedido de información al Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires para interiorizarse en lo que estipula el proyecto de ley UniCABA, pero aún no recibieron respuesta.
Otra de las múltiples incertidumbres que trajo consigo este nuevo proyecto de ley está relacionada con los títulos otorgados y con la continuación de las carreras que ya están en curso. De acuerdo con la última información que recibieron sobre el tema, aquellos estudiantes que están actualmente inscriptos en los profesorados podrán terminar sus estudios sin problemas y obteniendo títulos de validez nacional, ya que el gobierno porteño se propone una transición gradual entre el sistema actual y el nuevo. “De todas maneras, persiste la duda de qué va a pasar en el futuro con los profesorados cuando se queden sin alumnos y egresen todos los que están cursando ahora. No sabemos qué tendrán que hacer los recibidos si quieren dar clases en una universidad.”, aclara Damián.
Si bien frente a la magnitud del rechazo el gobierno de la Ciudad revisó y sigue revisando varios artículos del proyecto de ley, ciertos miembros de la comunidad educativa piensan que la única salida es erradicar por completo la reforma. Iván, estudiante de primer año del Profesorado de Historia en Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, sostiene: “Decir que el sistema educativo no necesita una reforma sería tapar el sol con el dedo, pero no puede ser a base de un proyecto de ley inconsulto y cerrado al diálogo con la comunidad educativa. La única vía es el retiro del proyecto”.
Otros, como Débora Suárez, estudiante del profesorado de inglés de media y superior en el Lenguas Vivas Sofía B. De Spangenberg, plantean que los cambios tienen que ir por el lado de invertir en infraestructura, mejorar el salario docente y brindar un título universitario, pero preservando la identidad de las 29 casas de estudio. “También es necesaria la mejora de los planes de estudio pero, los últimos planes de estudios del Lengüitas son del 2015, así que todavía no hay graduados con el plan nuevo. Si no hay graduados, ¿Cómo saber qué es lo que hace falta mejorar? La necesidad de inmediatez que tiene el gobierno no favorece a nadie.” sostiene Débora.
En un contexto de crisis donde la comunidad educativa se ha visto vapuleada con regularidad en los últimos tiempos con paritarias que no alcanzan, infraestructura que no acompaña y medidas de recorte propuestas por el gobierno que hacen peligrar muchos puestos de trabajo, la única solución parece seguir resistiendo y defendiendo la educación pública desde su interior.
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