La paridad salarial: ¿Por qué el hombre gana más que la mujer?

Por Luciana Panizza | @LucianaPanizza1

“No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Según el INDEC, las mujeres cobran casi 30% menos que los hombres. Esto no puede seguir así. Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad”, dijo el presidente Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, a principios de marzo de este año.

Lo cierto es que la cuestión de la paridad salarial es clave en la sociedad argentina. En muchos casos se da que el hombre gane más que la mujer por el mismo puesto de trabajo, si bien existen muchas leyes que amparan a las mujeres y promueven la paridad salarial, lo que implica a igual tarea igual remuneración.

Para nombrar un par, ya en el año 1951 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo integrado por gobiernos y representaciones de empleadores y trabajadores de más de 180 Estados, había establecido su Convenio 100: "Garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor". Argentina es miembro de esta organización y ratificó el convenio en 1956.

Si ponemos el foco en las normas de carácter nacional, encontramos que la Constitución Nacional establece en su artículo 14 el principio de igual remuneración por igual tarea. También se explicita una obligación genérica de igualdad en el artículo 16: "Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".

Pero aún más representativa es la Ley de Contrato de Trabajo que en su artículo 81 establece el igual trato ante situaciones iguales, haciendo hincapié en que existe trato desigual cuando se producen discriminaciones arbitrarias por razones de sexo, religión o raza.

Más clara aún es la ley 20. 392, vigente desde 1974, que prohíbe las diferencias remuneratorias entre el hombre y la mujer ante trabajos de igual valor.

En 2009, se sancionó la Ley de Protección Integral de Las Mujeres. Esta extensa norma contiene un apartado específicamente laboral donde se enumeran con claridad aquellas circunstancias que a los fines de la ley implican violencia económica contra una trabajadora, entre las que se encuentran la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo y quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función.

La lista de normativas que velan por la paridad salarial es extensa. Sin embargo, a menudo los empleadores no cumplen con ellas. ¿A qué se debe esto? Según el sociólogo Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), para los argentinos resulta difícil romper con estereotipos anticuados: “A la sociedad le cuesta bastante este tema, tanto a los hombres como a muchas mujeres que no toman mucha conciencia de esta realidad social. Las mujeres en los trabajos tienen una serie de dificultades: se embarazan, sostienen más a la familia, son las que más se dedican a cuidar a los chicos. Es cierto que esto ha cambiado en los últimos tiempos, que hay parejas que se manejan de otro modo, pero este es un proceso que todavía no se ve reflejado en indicadores objetivos, es decir que, por ejemplo, las mujeres tengan la misma posibilidad que los hombres de crecer en una estructura. Hay muchas empresas que hoy en día siguen siendo lo que se llama ‘club de barbas’ lo que significa que no hay mujeres.”. Hay una tendencia a pensar que es mejor tomar a hombres que a mujeres para ciertos puestos porque tienen otro tipo de relación con la gente.”

Frente a esta problemática que se perfila como cultural, el oficialismo impulsó un proyecto de ley iniciado por el diputado del PRO Martín Medina que propone la modificación de los artículos 172 y 173 de la Ley de Contrato de Trabajo. Además, se contempla la creación de un "Registro de empresas y organizaciones sindicales con paridad salarial", a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo. De acuerdo con la ley, habrá un plazo de un año para inscribirse en ese registro de manera obligatoria para las empresas con más de 200 empleados y para todas las organizaciones de representación sindical y empresarial. El debate en comisiones por esta ley comenzó el martes 11 de septiembre. Bacman explica por qué el gobierno decidió impulsar este proyecto de ley: “Me parece que tiene que ver con esta necesidad del gobierno de poner por fuera de la política estas cuestiones como para apuntar a que representan un cambio cultural.” Sin embargo, aporta un matiz: “Debemos recordar que el gobierno tiene un gran problema estructural: prometió cambios que no hizo y promesas que no pudo cumplir.”